El fuego devastó una extensa zona de vegetación en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
Un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) detalla que el incendio se originó desde el pasado martes 29 de octubre y fue sofocado en su totalidad el jueves 1 de noviembre, tras una ardua labor de brigadas contra incendios integradas por personal del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y habitantes del sector.
Las instituciones de cuidado del ambiente calculan que el fuego afectó un total de 100 hectáreas de bosque nativo de la zona y pajonal, donde habitaban especies silvestres.
Durante el trabajo realizado para extinguir este incendio no hubo personas heridas ni fallecidas.
La SGR señala se utilizaron varios recursos para controlar el fuego, por ejemplo, se requirió de vehículos de emergencia para el traslado de agua, herramientas como batefuegos y al personal.
Las autoridades consideran que casi todos los incendios registrados en la provincia han sido provocados, pero la población no denuncia estos hechos que son perjudiciales para la naturaleza. Las zonas devastadas por incendios forestales se recuperan después de varios años.
Como medida de prevención se desarrolla una campaña en contra de los incendios forestales con la que se solicita a la ciudadanía evitar las quemas que por lo general son causa de incendios.
También la campaña enfatiza las sanciones para las personas que provoquen incendios.
De acuerdo al artículo 78 de la Ley Forestal, si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en un lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y reglamentos; o si esta quema altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área destruida. (KOQ)-(I)
Prisión
El Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios en bosques nativos, plantados o páramos será sancionada con prisión uno a tres años, aparte de una multa de cuatro a diez salarios unificados.
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